El predio no podrá venderlo la Universidad de Colima, advierte la gobernadora Indira Vizcaíno
La recuperación por parte del Gobierno de Colima del predio donde durante décadas operó el Tec de Monterrey continúa generando cuestionamientos, principalmente por las condiciones jurídicas bajo las cuales el terreno fue entregado originalmente y por la falta de información pública sobre la Asociación Civil Educación Superior de Colima, organismo con el que el gobierno estatal negoció la recuperación del inmueble.
Durante una entrevista, la gobernadora Indira Vizcaíno explicó que el terreno formaba parte de las áreas de cesión de un fraccionamiento y que, hace más de 40 años, estas áreas eran entregadas al Gobierno del Estado. Posteriormente, durante la administración de Griselda Álvarez, se determinó destinar el espacio a un proyecto de educación superior que permitió la llegada del Tec de Monterrey a Colima.
Uno de los puntos que mayor polémica ha generado es la versión difundida en redes sociales de que el predio habría sido entregado a dicha asociación por 100 años. Vizcaíno rechazó esta versión y señaló que no existió una entrega bajo esas condiciones específicas, aunque reconoció que jurídicamente existen figuras como donaciones reversibles o comodatos con plazos de hasta 99 años.
Otro cuestionamiento surgió en torno a quiénes integran la Asociación Civil Educación Superior de Colima. La gobernadora reconoció no recordar a todos sus integrantes y mencionó a Emilio Brun y Armando Pérez como representantes con quienes se establecieron conversaciones, además de una tercera persona cuyo nombre dijo no recordar.
El tema tomó mayor relevancia debido a que el Colegio Anáhuac había anunciado su llegada a las instalaciones, situación que, de acuerdo con Vizcaíno, se conoció inicialmente de manera informal. La gobernadora sostuvo que posteriormente la Consejería Jurídica buscó a la directiva del colegio para informarle que el Gobierno del Estado ya mantenía un proceso de negociación con la asociación para disponer nuevamente del inmueble.
Por su parte, el rector de la Universidad de Colima, Cristian Torres Ortiz, defendió que el inmueble representa una oportunidad para ampliar la cobertura de educación superior. Explicó que la institución ha registrado un crecimiento aproximado de 2.1% anual y que, con el nuevo espacio, busca incrementar su capacidad para recibir hasta 500 estudiantes adicionales de educación superior por ciclo.
Respecto al destino del inmueble, se informó que el nuevo campus llevará el nombre de Griselda Álvarez Ponce de León y que inicialmente albergará principalmente actividades de educación superior. Economía aparece como una de las primeras áreas contempladas, mientras que Medicina quedó descartada debido a las características de sus laboratorios y a la capacidad instalada del antiguo inmueble.
La discusión también alcanzó el valor del predio. Durante la entrevista se mencionó un avalúo catastral de aproximadamente 65 a 67 millones de pesos, aunque la gobernadora insistió en que se trata de un espacio público que no puede venderse para fines privados debido a su origen y destino como área de equipamiento urbano.
Vizcaíno adelantó que el objetivo es que el acto jurídico concluya en una donación a favor de la Universidad de Colima, para que el inmueble se incorpore formalmente a su patrimonio y exista certeza sobre su utilización a largo plazo.
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