El caso Ayotzinapa dio un nuevo y contundente giro: un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada, relacionado con el ocultamiento o destrucción de evidencia considerada relevante para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
La decisión fue tomada durante la madrugada de este miércoles, después de una audiencia que se prolongó por alrededor de 15 horas. El juez Mario Elizondo Martínez determinó que existen elementos suficientes para que Aguirre enfrente formalmente un proceso penal.
Uno de los principales elementos expuestos por la Fiscalía General de la República (FGR) está relacionado con las grabaciones de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.
La acusación sostiene que Aguirre habría intervenido en el ocultamiento o destrucción de esas grabaciones, las cuales podrían contener información relevante sobre los movimientos de los normalistas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La FGR sostiene que la desaparición de esta evidencia no fue accidental, sino resultado de una actuación deliberada destinada a impedir que información relevante llegara a la investigación.
El punto central de esta nueva etapa será determinar si la Fiscalía puede demostrar la conexión entre Aguirre, las grabaciones desaparecidas y las conductas que le atribuye.
La pregunta que vuelve a sacudir al caso Ayotzinapa es contundente: ¿qué contenían los videos que desaparecieron y por qué era importante que no fueran conocidos por los investigadores?
Fecha de publicación: 12 de Agosto del 2026
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