Entre reclamos, frustración y acusaciones de falta de sensibilidad, padres de familia de la Prepa Anáhuac Colima denunciaron el desalojo de las instalaciones donde estudian cerca de 300 jóvenes, y cuestionaron al Gobierno del Estado por retirar un proyecto educativo que, aseguran, se encontraba consolidado y en óptimas condiciones.
Mientras las familias retiraban pupitres, materiales y demás bienes de la institución, expresaron su indignación por una decisión que consideran injustificada y que, desde su perspectiva, termina con un proyecto educativo que durante décadas se construyó con participación pública y privada.
Los padres señalaron que las instalaciones fueron utilizadas durante más de 40 años por instituciones educativas privadas y recordaron que el proyecto tuvo sus orígenes durante el gobierno de Griselda Álvarez, con inversión pública y privada para impulsar la educación media superior en Colima.
El conflicto escaló luego de que, según los propios padres, la gobernadora Indira Vizcaíno señalara que el inmueble constituye un bien público que debería regresar al uso público.
Aunque reconocieron que desconocen los términos legales de los acuerdos originales y que podrían existir vacíos jurídicos, consideraron que la discusión no debería limitarse a lo legal, sino también a las consecuencias para las familias y los estudiantes.
“¿Para qué desmantelar un proyecto tan exitoso?”, reclamaron, al señalar que existen otros espacios públicos que podrían aprovecharse para ampliar la infraestructura educativa sin afectar a una comunidad escolar ya establecida.
La molestia también alcanzó el terreno político. Uno de los padres acusó que con esta decisión se genera una percepción de pérdida del Estado de Derecho, al considerar que un proyecto construido durante décadas puede desaparecer mediante una determinación gubernamental.
“¿Cómo compites contra el gobierno?”, cuestionó otro de los inconformes, quien aclaró que las familias no buscan confrontación ni destruir las instalaciones, sino dejar constancia pública de su desacuerdo y exigir que sus hijos también sean tomados en cuenta.
Los padres insistieron en que no están en contra de fortalecer la educación pública ni de ampliar la oferta educativa en Colima. Su reclamo, dijeron, es que esto no tenga que hacerse a costa de un proyecto educativo que ya funciona y de aproximadamente 300 estudiantes que hoy enfrentan las consecuencias de la decisión.
Fecha de publicación: 11 de Septiembre del 2026
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