La política colimense vive uno de sus episodios más delicados de los últimos años. Este miércoles 6 de mayo de 2026, un juez vinculó a proceso al exgobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, y al exsecretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, por presuntos delitos relacionados con corrupción y manejo indebido de recursos públicos.
La resolución fue confirmada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima, luego de una audiencia realizada este miércoles ante un juez de control.
De acuerdo con la autoridad, ambos exfuncionarios enfrentan acusaciones por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, derivados de presuntas irregularidades ocurridas durante la administración estatal anterior.
La fiscal anticorrupción, Esperanza Ramírez Vela, confirmó públicamente el resultado de la audiencia y explicó que el juez encontró elementos suficientes para continuar con el proceso penal.
Sin embargo, la vinculación a proceso no significa que los imputados sean culpables. Legalmente, la resolución únicamente establece que existen indicios para mantener abierta la investigación y avanzar a una nueva etapa judicial.
Tanto José Ignacio Peralta Sánchez como Carlos Noriega García enfrentarán el proceso en libertad mientras continúan las investigaciones.
El juez otorgó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá fortalecer sus pruebas y las defensas presentarán argumentos y evidencia a favor de los exfuncionarios.
Horas después de conocerse la decisión judicial, el exgobernador señaló que demostrará legalmente que actuó conforme a derecho y aseguró que presentará pruebas técnicas y jurídicas durante el proceso.
El caso ha generado un fuerte impacto político en Colima debido a que es la primera vez en años recientes que un exmandatario estatal enfrenta un proceso penal de esta magnitud por presuntos actos de corrupción relacionados con recursos públicos.
Además, el tema revive el debate sobre la situación financiera en la que concluyó la administración estatal de 2016 a 2021, periodo en el que distintos sectores señalaron problemas de liquidez, adeudos y presuntas irregularidades presupuestales.
Aunque hasta el momento la Fiscalía no ha revelado públicamente todos los detalles de la carpeta de investigación ni el posible monto del daño patrimonial, diversas versiones apuntan a que las indagatorias estarían relacionadas con decisiones financieras tomadas durante la recta final del sexenio anterior.
El proceso apenas entra en una nueva etapa y podría extenderse durante varios meses o incluso años, debido a posibles amparos, apelaciones y revisiones judiciales.
Fecha de publicación: 06 de Mayo del 2026
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