El Congreso del Estado de Colima aprobó por unanimidad una reforma constitucional que eleva a rango obligatorio el derecho a una vivienda adecuada y garantiza apoyos a personas con discapacidad, marcando un avance clave en materia de bienestar social.
La modificación sustituye el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de vivienda adecuada, alineándolo con estándares de derechos humanos. Esto implica que las viviendas deberán cumplir con condiciones de accesibilidad, servicios básicos, habitabilidad, seguridad jurídica y cercanía a servicios esenciales.
Además, la reforma establece que el Estado deberá asegurar la rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad permanente, dando prioridad a niñas, niños y adolescentes.
Uno de los puntos más relevantes es que se garantiza constitucionalmente una pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente menores de 65 años, en coordinación con la Federación, lo que da certeza a este apoyo social.
El Congreso tendrá un plazo de 180 días hábiles para armonizar la legislación secundaria y definir los mecanismos de aplicación, los cuales se implementarán de manera gradual conforme al presupuesto.
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